La legislación habría exigido un salario mínimo para trabajadores que entregan comestibles a través de aplicaciones para empresas como Instacart. El Concejo de la ciudad dice que está considerando los próximos pasos, mientras los defensores insisten a los legisladores para que anulen el veto.
Este artículo se publicó originalmente en inglés el 15 de agosto. Traducido por Victoria Moran Garcia. Read the English version here.
El miércoles por la noche, el alcalde Eric Adams vetó dos proyectos de ley, Intro. 1135 e Intro. 1113-A, que habrían establecido un salario mínimo para los trabajadores que entregan comestibles a través de aplicaciones para empresas como Instacart.
“Ahora no es el momento de hacer nada que aumente aún más el coste de los alimentos para los neoyorquinos, cuando los precios ya son demasiado altos”, dijo Eric Adams.
Él dice que Intro. 1135 aumentaría el costo de comestibles para comunidades vulnerables como las personas mayores, las personas con discapacidades y las familias que no tienen acceso a “tiendas de comestibles de calidad” y dependen de los repartos a domicilio. Adams dijo que sigue comprometido con el aumento del salario mínimo para los trabajadores de reparto a través de aplicaciones, pero no ahora mismo, en un momento de “incertidumbre económica”.
Los dos proyectos de ley formaban parte de un paquete aprobado el mes pasado por el Concejo Municipal con una mayoría a prueba de veto. Éstos habrían requerido un salario mínimo establecido por el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP por sus siglas en inglés) para los repartidores de comestibles y habrían ampliado otras protecciones, como bolsas de reparto aislantes y acceso a baños.
Los defensores y el Concejo criticaron el veto del alcalde, calificándolo como un retroceso para Nueva York.
“Sin salarios justos y protecciones para los repartidores, no hay una industria sostenible, solo explotación”, dijo Julia Agos, la portavoz del concejo. “Es decepcionante, pero no sorprendente, que el alcalde vuelva a dar prioridad a los intereses corporativos por encima de los neoyorquinos y repita argumentos inexactos para justificar sus acciones que perjudican a la clase trabajadora”.
Instacart ha presionado fuertemente en contra de los proyectos de ley, testificando el año pasado que solo aumentarían las tarifas para los clientes y encargando camiones publicitarios con anuncios que criticaban la legislación.
En una declaración el 14 de agosto, la concejal Sandy Nurse, quien patrocinó uno de los proyectos de ley, acusó al alcalde de alinearse con “una empresa multimillonaria que se niega a pagar a sus trabajadores de manera justa”.
“Al rechazar estos proyectos de ley el alcalde solo dificultará aún más que estos trabajadores, en su mayoría trabajadores negors y comunidades de color, puedan alimentarse a sí mismos y a sus familias”, dijo en un comunicado Ligia Guallpa, directora ejecutiva de Los Deliveristas Unidos.
Los Deliveristas Unidos respaldaron a los repartidores al abogar por un salario mínimo que se consiguió en 2023, pero solo para los repartidores de comida de restaurantes. La ley dejó “vacíos legales” que excluían a los repartidores de comestibles para aplicaciones.
Guallpa dijo que el requisito ayudó a aumentar los ingresos de los trabajadores y creó “seguridad económica”, ya que aumentó la demanda de entregas de alimentos. “Demostrando que estas empresas pueden permitirse pagar a los trabajadores de forma justa y ofrecer un valor asequible a los clientes”, dijo Guallpa.
El Concejo dice que está considerando los próximos pasos a seguir, mientras los defensores mientras los defensores insisten a los legisladores para que anulen el veto.
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