“Mientras la administración Trump continúa atacando a las familias trabajadoras y a las comunidades de inmigrantes, el veto del alcalde Adams es un ejemplo más de su apoyo a la agenda de Trump sobre los neoyorquinos”, dijo en un comunicado la portavoz del Concejo, Julia Agos.
Este artículo se publicó originalmente en inglés el 1 de agosto. Traducido por Victoria Moran Garcia. Read the English version here.
En un movimiento de última hora el miércoles por la noche el alcalde Eric Adams vetó el proyecto de ley Intro. 47-B, que eliminaría los delitos menores asociados con la venta ambulante y despenalizaría ciertos delitos relacionados con la venta ambulante.
El Concejo de la ciudad aprobó el proyecto de ley el 30 de junio con 40 votos a favor, suficientes para anular un posible veto. Políticos, defensores y vendedores ambulantes celebraron la aprobación, que reduciría a infracciones civiles ciertas violaciones (aunque no eliminaría todas las sanciones criminales) en una industria que depende en gran medida de inmigrantes.
Adams argumentó que el proyecto de ley no era realista y que no se debían limitar los poderes de aplicación de la ley de la policía de Nueva York.
“No podemos ser tan idealistas como para no ser realistas —impedir que los valientes hombres y mujeres de la policía de Nueva York intervengan, incluso en los casos más atroces, es injusto para los propietarios de negocios respetuosos con la ley y plantea riesgos reales para la salud y la seguridad pública”, dijo Adams.
El concejal Shekar Krishnan, el principal patrocinador del proyecto de ley, criticó la decisión del alcalde.
“En plena noche, el alcalde Adams cumplió las órdenes de Donald Trump al vetar mi legislación que protege a nuestros inmigrantes propietarios de pequeñas empresas, que simplemente están tratando de mantener a sus familias, de penas de cárcel y consecuencias migratorias”, dijo Krishnan en un comunicado.
Acusó al alcalde de tratar de “ganarse el favor” del presidente Trump y su agenda de inmigración, ya que el gobierno federal busca aumentar los arrestos y deportaciones de inmigrantes indocumentados. Los cargos penales exponen a los vendedores al riesgo de convertirse en objetivo, afirman los defensores.
Como ha informado City Limits, las multas penales y civiles relacionadas con la venta ambulante se dispararon en 2024. Solo la policía de Nueva York (NYPD por sus siglas en inglés) emitió más de 9.000 multas a vendedores ambulantes, y el Departamento de Sanidad, la principal agencia a cargo de hacer cumplir la ley civil, confiscó toneladas de comida y también puso multas a los vendedores.
El proyecto de ley hubiera reducido muchas de las infracciones a sanciones civiles únicamente. Sin embargo, los delitos de venta sin licencia o sin permiso aún podrían resultar en una citación criminal y una multa o una sanción civil, explicó la subdirectora de Street Vendor Project, Carina Kaufman-Gutierrez, una organización que aboga por los derechos de los vendedores ambulantes.
Aunque la mayoría de las infracciones emitidas a vendedores ambulantes en 2024 fueron civiles, el 15 por ciento fueron citaciones penales. Este año, la tendencia continúa: el NYPD ha emitido poco más de 2.500 multas a vendedores ambulantes; el 15 por ciento, o 393 de ellas, fueron citaciones criminales, según el análisis de City Limits sobre los informes trimestrales de la policía.
Los cargos por delitos menores pueden afectar negativamente a los procedimientos de inmigración de una persona, ya que ser acusado de un delito podría conducir a la deportación. Según una encuesta de 2024, el 27 por ciento de los vendedores ambulantes de la ciudad declararon ser indocumentados, mientras que el 96 por ciento nacieron fuera del país.
“En un momento en que la administración Trump ha aumentado el miedo para los inmigrantes dentro de nuestras comunidades, es inconcebible que el alcalde Adams haya elegido vetar Intro. 47”, dijo en un comunicado el NYC Street Vendor Justice Coalition, que respalda el Street Vendor Project.
“Optar por vetar un proyecto de ley que simplemente elimina las excesivas sanciones penales por delitos menores que pueden bloquear el acceso de los neoyorquinos a oportunidades educativas, de vivienda y de inmigración, es nada menos que un ataque a las familias y empresarios más vulnerables y trabajadores de nuestra ciudad”.
El Concejo dice que está considerando los próximos pasos.
“Mientras la administración Trump continúa atacando a las familias trabajadoras y a las comunidades de inmigrantes, el veto del alcalde Adams es un ejemplo más de su apoyo a la agenda de Trump sobre los neoyorquinos”, dijo la portavoz del Consejo, Julia Agos, en un comunicado.
El Concejo tiene hasta finales de agosto para realizar una votación para anular el veto de Adams.
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