Las tácticas de la administración Trump “desalientan a las personas a asistir a los tribunales o a sentirse seguras en ellos, donde la gente simplemente busca acceder al proceso que les corresponde”, dijo Bobby Hodgson, subdirector legal de New York Civil Liberties Union.
Este artículo se publicó originalmente en inglés el 6 de agosto. Traducido por Daniel Parra. Read the English version here.
Varias organizaciones neoyorquinas demandaron al Departamento de Seguridad Nacional, a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) para detener los arrestos de inmigrantes que se presentan a las citas rutinarias y obligatorias en los tribunales de migración.
La New York Civil Liberties Union, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), Make the Road New York y Emery Celli Brinckerhoff Abady Ward & Maazel LLP presentaron una demanda el viernes en nombre de The Door y African Communities Together, dos organizaciones locales sin ánimo de lucro que prestan servicios a neoyorquinos e inmigrantes.
Los demandantes afirman que tanto la reciente política de arrestos de ICE, que ahora permite a los agentes detener a personas después de sus audiencias, como la política de desestimación de casos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración, que permite a los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) solicitar la desestimación de casos en el tribunal sin una moción por escrito, son injustas y caprichosas.
La demanda pretende revocar estas políticas en virtud de la Administrative Procedure Act (Ley de Procedimiento Administrativo), una ley federal que rige la forma en que las agencias crean y aplican reglamentos.
Las tácticas de la administración Trump “desalientan a las personas a asistir a los tribunales o a sentirse seguras en ellos, donde la gente simplemente busca acceder al proceso que les corresponde”, dijo Bobby Hodgson, subdirector legal de New York Civil Liberties Union.
Antes de que se pusieran en marcha estas medidas la administración Trump impulsó más detenciones de inmigrantes sin estatus legal, pero los funcionarios no alcanzaban las cifras que esperaban.
Sin embargo, las detenciones aumentaron significativamente a partir de mayo cuando se implementaron estas medidas. Ese mismo mes, Stephen Miller, el principal asesor de inmigración del presidente, y Kristi Noem, la secretaria del DHS, presionaron a los funcionarios de inmigración para que aumentaran las detenciones a 3.000 personas por día.
De los 2.365 inmigrantes detenidos en Nueva York desde enero, más de la mitad no tenían antecedentes penales ni condenas, según un análisis del New York Times de datos obtenidos por el Deportation Data Project. Aproximadamente la mitad de esos arrestos fueron personas detenidas en tribunales de migración.
“La posibilidad de que las fuerzas del orden detengan a delincuentes ilegales en los tribunales es de sentido común”, dijo sin identificarse un portavoz de la oficina de prensa del DHS a City Limits, haciendo eco de las palabras que ya había usado anteriormente la subsecretaria Tricia McLaughlin. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración remitió las preguntas al DHS y declinó hacer más comentarios.
La demanda describe cómo los miembros de dos organizaciones, The Door y African Communities Together, se han visto afectados por los arrestos y detenciones.
Por ejemplo, The Door trabaja con jóvenes menores de 24 años, algunos de los cuales son inmigrantes en busca de ayuda legal, como el asilo o el estatus de Joven Inmigrante Especial (SIJS por sus siglas en inglés). Este estatus está disponible para personas menores de 21 años que no estén casadas y vivan actualmente en los Estados Unidos, entre otros requisitos.
Para evitar a los agentes de ICE en tribunales, los defensores y abogados han sugerido que la gente pida comparecer virtualmente.
Según la demanda, uno de los clientes de The Door presentó una petición para comparecer virtualmente. Sin embargo, el tribunal rechazó su petición y tuvo que comparecer en persona ante el tribunal, donde fue arrestado.
El joven de 21 años se encuentra actualmente recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, que enfrenta críticas por sus “condiciones peligrosas e inhumanas”.
El jueves por la mañana, a los congresistas Adriano Espaillat, Nydia Velázquez y Dan Goldman —quienes presentaron una demanda contra ICE la semana pasada por habérseles prohibido el acceso a las zonas de detención de ICE— se les negó la entrada al centro de Brooklyn durante una visita de supervisión.
The Door teme que la petición SIJS del joven se pierda si es deportado y no han podido hablar con él desde su detención en junio.
“Vemos el miedo de nuestros miembros de una forma que no habíamos visto en el pasado”, dijo Beth Baltimore, subdirectora de servicios jurídicos para The Door.
Baltimore explicó que de todas las peticiones de comparecencia virtual que han presentado en nombre de clientes en los últimos dos meses, sólo un par han sido aprobadas.
“Mucha gente está perdiendo el acceso a la asesoría que podría proporcionarse en Nueva York y perdiendo el acceso a los servicios de The Door”, dijo Baltimore sobre los jóvenes, incluidos los jóvenes inmigrantes, que acceden a los servicios a través de la organización. “No pueden venir a nuestro centro de salud, no pueden venir a nuestra programación artística, ni a comer y cenar todos los días”, agregó.
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